REPRESIÓN DEL PUEBLO INDÍGENA
DE LA AMAZONIA PERUANA
Las
poblaciones nativas de la Amazonía
Los pueblos amazónicos han sido históricamente olvidados por
el Perú oficial y occidental; pero recientemente sufrieron
una violenta represión por oponerse a una serie de leyes
impuestas por el gobierno de Alan García -socialdemócrata-,
que amenaza con quitarles sus tierras para entregárselas a
las empresas trasnacionales.
El enfrentamiento entre policías e indígenas se concentró en
el territorio habitado por los alguarunas y los huambisas,
de las etnias awajún y wampis, ambas pertenecientes a la
familia de los jíbaros.
La familia de los jíbaros, cuya mayoría está formada por
alguarunas, cuenta con aproximadamente 60.000 miembros y es
la más numerosa entre las trece familias nativas de la
Amazonía peruana.
Originarios de la Amazonía, habitan ancestralmente la zona
selvática de la cuenca del río Amazonas que está entre Perú
y Ecuador. Viven de la agricultura como medio de
subsistencia, de la caza, de la pesca y la recolección; su
actividad comercial es muy reducida. Son un pueblo guerrero,
que a lo largo de la historia ha resistido numerosos
intentos de invasión.
Si bien todas las tribus son guerreras, las más aguerridas
son los aguarunas y los huambisas. Otras poblaciones
amazónicas fueron diezmadas durante la conquista española,
pero ni los incas ni los españoles lograron nunca conquistar
sus territorios, ubicados en las zonas altas de la selva.
La explotación del caucho a fines del siglo XIX y comienzos
del siglo XX esclavizó a los indígenas amazónicos y produjo
la muerte de más de 50.000, pero los aguarunas y huambisas
no permitieron que los caucheros entraran en sus
territorios.
Tanto aguarunas como huambisas son implacables cuando se
trata de defender su territorio y es lo mismo que están
haciendo ahora frente a la amenaza de ingreso de las
trasnacionales al amparo de las leyes que Alan García quiere
imponer.
Para los pueblos amazónicos, la vida está estrechamente
ligada a la selva, a la tierra, al bosque, a los ríos. A
diferencia de Occidente, para los indígenas amazónicos los
dioses no están en el cielo, sino en el bosque, en los ríos.
Por esta razón, contaminar el agua de los ríos o destruir
los bosques no sólo es afectar la vida de los indígenas,
sino también es matar a sus dioses.
Para estos pueblos primitivos, que a lo largo de la historia
han sido marginados y masacrados, ésta es una lucha por la
vida, además de una lucha de reivindicación histórica.
Más del 70% de la Amazonía está dividida en concesiones para
la exploración y explotación petrolera y de gas. En los
últimos años, cerca del 75% de la Amazonía peruana ha sido
subastada a petroleras y empresas gasíferas, y rara vez los
indígenas han sido consultados.
En los primeros meses del año 2005, el área afectada por las
explotaciones petroleras era tan sólo del 15%. En la
actualidad se encuentran activos alrededor de 70 pozos
petrolíferos, de los cuales el 20% están ubicados en zonas
protegidas y otro tanto en reservas territoriales creadas
para proteger pueblos en aislamiento voluntario.
En 2008, Perú produjo cerca de 50 millones de barriles de
crudo de petróleo y para 2011 el gobierno peruano plantea
ser autosuficiente en lo que respecta al petróleo. Alrededor
de 100 compañías mineras están a cargo de unos 600 proyectos
en el Perú.
Las poblaciones indígenas de la zona norte se han convertido
en víctimas de la destrucción ocasionada por la tala ilegal
de madera noble, y corren el riesgo de ser diezmadas por
enfermedades contra las que carecen de inmunidad.
El origen
del conflicto.
Las protestas que tienen a los indígenas como protagonistas
se producen en rechazo a una serie de Decretos Legislativos
dictados por Alan García en 2008, en uso de las facultades
especiales que le otorgó el Congreso y en el marco del
proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio
entre Perú y Estados Unidos.
Las comunidades indígenas sostienen que esas normas “son
lesivas a sus intereses”, puesto que permiten la
“privatización de los bosques y recursos hídricos”. Bajo
esos argumentos iniciaron la protesta, que incluía cortes de
carreteras, cierre de válvulas de gasoductos y bloqueo a la
navegación en los ríos.
Desde el Gobierno explican que esa legislación “ordena” el
manejo de los recursos naturales y preserva áreas para los
indígenas. También aclaran que “la inversión privada
extranjera es necesaria para el Perú a los fines de que el
país pueda crecer y desarrollarse, siempre que se respete la
legislación vigente”.
Uno de las normas dictadas por Alan García y cuestionada por
los indígenas es el Decreto Legislativo 1.090, que establece
pautas para el manejo de los recursos forestales.
El Gobierno garantiza 12 millones de hectáreas para las
etnias amazónicas, más otros 15 millones de hectáreas
destinadas a reservas ecológicas.
Los indígenas sostienen que dicha legislación autoriza la
venta a manos privadas de 45 millones de hectáreas de
superficies boscosas que pertenecen al Estado y que son
explotadas mediante un régimen de concesiones y constituyen
el hábitat de muchas comunidades nativas.
Ya han comprometido inversiones millonarias en la región
diversas multinacionales petroleras y de hidrocarburos, como
la anglo-francesa Perenco, la norteamericana ConocoPhillips,
la canadiense Talisma Energy, la brasilera Petrobrás, la
argentina PlusPetrol y la española Repsol, por nombrar sólo
algunas.
Estas concesiones traerían aparejada la inmediata
destrucción y devastación de los bosques nativos, con el
consiguiente deterioro medioambiental, ya que al eliminar lo
que queda de la selva amazónica, considerada como el “pulmón
del planeta”, se perdería la capacidad de fijar dióxido de
carbono -causante del calentamiento global- y de producir
oxígeno.
Otra de las normas cuestionadas faculta al Gobierno central
a otorgar permisos de extracción de los recursos naturales
sin necesidad de contar con la aprobación previa de las
comunidades locales, en flagrante violación a lo que
establecen…
Cronología de una matanza anunciada
Noviembre de 2007:
El presidente de Perú, Alan García, escribe en el diario
local “El Comercio” dos artículos periodísticos donde dice:
“…el principal recurso del país es la Amazonía, de 63
millones de hectáreas y abundante lluvia. En ella se puede
hacer forestación maderera a condición de poseer la
propiedad (de la tierra), es decir, un terreno seguro de
5.000, 10.000 ó 20.000 hectáreas, pues en terrenos de
menores extensiones no hay inversión formal de largo plazo y
de alta tecnología. Hasta ahora existen solo las concesiones
que dependen de la voluntad del Gobierno y del funcionario
que puede modificarlas.
Por eso nadie invierte ni crea un puesto de trabajo por cada
dos hectáreas de tierra como debería ser; ni hay elaboración
de la madera ni exportación de muebles. En su mayoría, esas
concesiones rapiña sólo han servido para sacar la madera más
fina, deforestar y abandonar el terreno.
Por el contrario, la propiedad formal por grandes empresas
colectivas como los fondos de pensiones permitiría hacer
inversiones de largo plazo, desde la siembra hasta la
cosecha años después.
Los que se oponen argumentan que no se puede dar propiedad
en la Amazonía, pero ¿y por qué sí en la costa y en la
sierra? Dar propiedad de grandes lotes daría ganancia a
grandes empresas, pero al mismo tiempo crearía cientos de
miles de empleos formales para peruanos que viven en las
zonas más pobres. Es el perro del hortelano”.
En estas declaraciones no se hace ninguna mención a los
pueblos indígenas que habitan esas zonas.
12 de diciembre de 2007.
El presidente Alan García pide al Congreso facultades para
legislar en temas referentes al Tratado de Libre Comercio
(TLC) firmado entre Perú y EE.UU. En un gesto de
obediencia, el Congreso otorgó el 19 de diciembre de 2007
esas facultades al presidente García, por el término de 6
meses.
28 de junio de 2008.
A pocos días antes de que termine el plazo para legislar,
Alan García produce una serie de Decretos Legislativos, en
su mayoría relacionados con el Tratado de Libre Comercio,
como por ejemplo el Decreto Legislativo que permite comprar,
con el acuerdo de tres personas, toda la propiedad de la
comunidad.
Agosto de 2008.
Los pueblos indígenas, organizados en la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que
agrupa a 1.350 comunidades nativas, iniciaron paros y
movilizaciones contra esos decretos. La Defensoría del
Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra
ése y otros Decretos Legislativos. A raíz de todo ello, el
Congreso deroga el Decreto Legislativo 1015, al tiempo que
promueve la constitución de una Comisión Especial para
evaluar los restantes decretos.
Diciembre de 2008.
La Comisión Especial creada por el Congreso presenta su
informe, pero dado que los congresistas estaban de
vacaciones, se posterga su presentación.
12 de marzo de 2009.
La AIDESEP envía cartas al Poder Legislativo y al Ejecutivo
recordándole cuál había sido su compromiso.
9 de abril.
Considerando que ya ha transcurrido un tiempo prudencial sin
que el informe haya sido presentado al Congreso, pese a las
cartas de advertencias, los líderes de las comunidades
nativas acuerdan iniciar la paralización, restringiéndola al
interior de sus comunidades.
20 de abril.
El poder Ejecutivo se compromete a formar una Comisión
Multisectorial con la AIDISEP, bajo la condición de que las
poblaciones indígenas levanten el paro.
24 de abril.
El gobierno promete enviar el informe de la Comisión
Especial -el mismo que debió ponerse a debate el 1º de
febrero- una vez que dicho informe sea aprobado por la junta
de portavoces. Esta junta no aprueba su pase a plenario. A
consecuencia de ello, varias otras comunidades nativas se
unen al paro.
9 de mayo.
Atento a esa situación, el gobierno declara el estado de
emergencia para los distritos amazónicos de cinco regiones
del Perú. Según la Constitución nacional, el estado de
emergencia puede ser declarado en caso de perturbación de la
paz o del orden interno, de catástrofe o de graves
circunstancias que afecten la vida de la Nación. Sin lugar a
dudas, ninguna de esas condiciones se estaban dando para
declarar el estado de emergencia.
11 y 13 de mayo.
Se llevan a cabo reuniones entre Alberto Pizango, el
dirigente máximo de la AIDESEP y un representante del
gobierno, sin llegar a ningún acuerdo. El dirigente indígena
reivindica el derecho de los nativos a la insurgencia.
16 de mayo.
Alan García declara ante la opinión pública que “la selva
es de todos los peruanos y no solo de un grupo”,
desconociendo que muchos pueblos tienen título de propiedad
desde los años 70. Ese mismo día los dirigentes indígenas
anuncian que sus protestas se llevarán a cabo dentro del
Estado de Derecho.
19 de mayo.
La comisión del Congreso declara inconstitucional el Decreto
Legislativo 1090, conocida como Ley Forestal y de la Fauna
Silvestre. Su derogatoria debería ser debatida por el
pleno del Congreso.
4 de junio.
El debate de la derogatoria es suspendido a iniciativa de
los legisladores oficialistas, hasta que la Comisión
Multisectorial remita un nuevo informe sobre los decretos
cuestionados. Ese mismo día, la Defensoría del Pueblo
presenta una demanda de inconstitucionalidad del Decreto
1064 por considerar que vulnera los derechos
constitucionales de propiedad de la tierra y de consulta
previa de los pueblos indígenas.
5 de junio.
El Día Mundial del Medio Ambiente, pese a que los indígenas
actúan en reivindicación de sus derechos humanos, en defensa
de su territorio y de su derecho al diálogo con el Gobierno
Central, el gobierno de Alan García, tras once largos meses
de postergar el tratamiento de los Decretos Legislativos y
tras 56 días de movilización amazónica, desata una represión
sangrienta en Bagua Grande, la zona de la Amazonía en
conflicto:
A las 5:30 de la mañana, 639 efectivos de la Dirección
Nacional de Operativos Especiales, más personal de las
Fuerzas Armadas, utilizando gases lacrimógenos, tanques y
helicópteros artillados, levantan la protesta, atacando sin
previo aviso a unos 4.000 indígenas awajún-wampis que a esa
hora se encontraban durmiendo, operación que dejó decenas de
nativos muertos, heridos y desaparecidos, más algunos
policías fallecidos. La persecución indiscriminada de esas
comunidades duró día y medio.
El Centro Pastoral en la Casa de las Hermanas Trinitarias de
Bagua Grande informa por ejemplo que allí se encuentran
refugiados unos 700 nativos, careciendo de noticias sobre el
resto de los pobladores, a muchos de los cuales se les
considera en paradero desconocido o desaparecidos.
Fuentes no oficiales bien informadas relatan que la
situación es lamentable y que al menos ha habido 60 muertos
entre los indígenas. Buena parte de los cadáveres habrían
sido arrojados al río, otros calcinados. Algunos yacen en
los cerros cercanos, pero no hay posibilidad de levantarlos
ni reconocerlos ante el bloqueo de las fuerzas públicas.
8 de junio.
Se hallan 15 cadáveres de indígenas peruanos a la orilla de
un río, en las cercanías del lugar donde ocurrieron los
hechos de violencia.
Las comunidades indígenas solicitan que se dé a conocer la
verdad de lo que ha sucedido, pues la prensa desplazada al
lugar de los hechos no está haciendo su trabajo con
objetividad.
Además es necesario que se garantice el retorno en
condiciones de seguridad de los refugiados -pertenecientes a
64 comunidades- a sus lugares de origen.
Por su parte, el sacerdote Casinaldo Ramos, párroco de la
localidad de Bagua Grande, informa de la existencia de una
fosa con cadáveres de indígenas, aunque sin precisar el
número de cuerpos.
Amnistía Internacional ha mostrado su “profunda preocupación
por la situación en la Amazonía peruana. En el mismo sentido
se han expresado otras diversas ONG. La Amazon Watch,
comprometida con los derechos de los pueblos indígenas, ha
denunciado que la Policía peruana está haciendo desaparecer
cadáveres de nativos con el fin de minimizar el número de
víctimas en los violentos disturbios ocurridos en Bagua.
Según esa organización, numerosos testigos oculares han
confirmado que fuerzas especiales de la Policía se deshacen
de los cadáveres de nativos arrojándolos al río Marañón,
incluso desde helicópteros, y en otros casos los queman para
impedir su identificación.
En un comunicado que firman más de 60 organizaciones
internacionales condenan “la violencia contra los pacíficos
indígenas peruanos” y hacen “un llamado (a las partes
involucradas) para que establezcan un diálogo de buena fe
para prevenir una mayor escalada de violencia”…”El trágico
desarrollo de estos incidentes pone en evidencia que ignorar
los derechos de los pueblos y su participación en los
procesos que afectan sus tierras y medios de vida puede
resultar en serios conflictos sociales y políticas
fallidas”.
Por su actitud de denuncia, diversas ONG han sido acusadas
por el presidente García de “haber incitado a la violencia”,
y se está analizando la posibilidad de restringir los fondos
provenientes del exterior destinados a ellas.
Una de las organizaciones denunciadas, la Survival
International, ha respondido que “Más que alarmarse por las
actividades de las ONG, las autoridades peruanas deberían
mostrarse muy preocupados por cómo los acontecimientos de
los últimos días han afectado a la reputación internacional
del Perú, que está por los suelos”.
¿Quién emitió la orden de reprimir?
A fin de que las protestas indígenas no pasaran a mayores,
los policías apostados en la Estación Nº 6 de la empresa
nacional Petroperú en Bagua Grande, zona principal del
conflicto, suscribieron un acuerdo de no agresión con los
nativos.
Sin embargo, el pacto se rompió cuando otro contingente de
efectivos, al mando del Jefe de la Dirección de Operaciones
Especiales, General Muguruza, con conocimiento del
Ministerio del Interior, emprendió una operación de desalojo
de la carretera que pasa por allí y arrasaron con los
indígenas que la mantenían controlada.
Al comprobar que eran atacados, los indígenas que se
encontraban en las cercanías de la Estación Nº 6 comenzaron
la contraofensiva: procedieron a desarmar y maniatar a los
policías que estaban en el lugar.
Según el testimonio de varios policías sobrevivientes,
“hasta ese momento todo marchaba bien porque los indígenas
dialogaban constantemente con el comandante y se respetaba
el acuerdo de no agresión. Todo cambió a las ocho de la
mañana del viernes 5 de junio: nos rodearon centenares de
indígenas, pero no ofrecimos resistencia porque las bajas
indígenas habrían sido muchas. Nos despojaron de armas y
equipamiento y nos trasladaron a un local comunal. Los
indígenas nos condenaron al sentirse traicionados”.
Los indígenas, cuando supieron que sus hermanos de raza
habían muerto, decidieron vengarse ajusticiando a 22
policías.
Para algunas fuentes, los nativos muertos no han sido menos
de 40; para otras, más de un centenar.
El gobierno ha intentado minimizar las causas y
consecuencias de la represión policial a los indígenas de
Amazonía. En lugar de dar explicaciones convincentes,
aclaratorias y condenatorias de los hechos, se limita a
justificar la masacre de tantos indios.
En un comunicado, Alan García dijo que “Perú está sufriendo
una agresión subversiva contra la democracia”. Según Alan
García “las protestas son una conspiración antiperuana,
alentada por gobiernos competidores -por la explotación de
petróleo, gas y minerales-”.
En otra de sus intervenciones, el jefe de Gobierno ha
justificado la brutal arremetida en contra de los indígenas
peruanos, señalando que “no son ciudadanos de primera clase.
No vamos a sobreponer los intereses de estos indígenas por
encima de los de 28 millones de ciudadanos”. El presidente
calificó a los manifestantes indígenas de “salvajes”,
“bárbaros” e “ignorantes”
El desconocimiento de lo que significa para la población
indígena la tierra, ha llevado al gobierno a desconocer de
trágica manera los derechos ancestrales de cada una de las
etnias y culturas originales de nuestro continente.
Una victoria para los indígenas peruanos
El 17 de junio, García dio un mensaje al país admitiendo que
el gobierno había cometido errores en su trato con los
indígenas y dijo que había que “volver a empezar”. Al día
siguiente el Congreso anuló las llamadas “leyes de la
selva”, que hubieran facilitado la entrada de las
transnacionales, por una abrumadora mayoría de 82 votos a
favor, doce en contra y dos abstenciones.
El movimiento indígena llamó a sus bases a terminar la
huelga y desbloquear las carreteras. Los nativos comenzaron
a replegarse.
Golpeados y todavía conmocionados, los indígenas celebraron
en silencio su victoria. En Bagua, epicentro de la represión
contra los nativos amazónicos, nadie salió a las calles a
celebrar el triunfo. La mayoría de los indígenas han
regresado a sus comunidades, selva adentro, pero algunos
permanecen en Bagua, reclamando por los detenidos y los
desaparecidos. Entre ellos se respira un ambiente de
desconfianza y temor.
“Hemos ganado, nos sentimos triunfadores, pero es lamentable
que el gobierno, que pudo haber solucionado esto antes, haya
esperado que se dé tanta violencia, que haya habido tantos
muertos, para derogar estas leyes”, dijo el presidente del
comité del paro amazónico.
Con la decisión del Congreso quedó sellada la mayor derrota
política del presidente Alan García desde que asumió el
poder, hace tres años. La protesta indígena y la reacción en
contra de la represión policial lo dejaron aislado y
enfrentado a un creciente movimiento social que se
multiplicó por todo el país, y no tuvo otra alternativa que
retroceder. Fue el propio gobierno el que le pidió al
Congreso que se anularan las leyes. La convulsión social que
tenía jaqueado al gobierno no le dejó al presidente García
otra salida que retroceder.
Con la anulación de las leyes se reanudará el diálogo entre
los representantes de las comunidades nativas, que reúnen a
unos 300.000 pobladores, y el gobierno. Pero ese diálogo no
será fácil. La primera exigencia de los indígenas será el
cese de la persecución contra sus principales dirigentes,
cerca de veinte, que tienen orden de captura.
José Luis
Aníbal Battellino
y el Consejo
editorial
del Boletín Hombre Nuevo
Córdoba, Argentina
jlanibal@arnet.com.ar
