LIBERTAD, CENSURA Y DERECHOS DE AUTOR
EN INTERNET
En los días pasados se han librado en Internet varias
batallas en las que se juega el carácter abierto de la
Red.
Son episodios de una guerra vieja, entre los que
conciben Internet como un espacio sin regulación ni
restricciones -ciberlibertarios-
y los partidarios de una regulación que, de alguna
manera, traslade las normas del espacio físico al
ciberespacio -los
reguladores.
En esta guerra en la que parece que los contendientes
son ciberactivistas y gobiernos, sin embargo son las
empresas el verdadero protagonista emboscado.
Como jurista, siempre he creído que
el ciberespacio no puede ser
un
espacio sin ley, que los estados
democráticos deben reprimir abusos y delitos y promover
usos responsables. El problema es que al intentar
transferir los criterios aplicados al espacio físico se
producen distorsiones y restricciones a la libre
comunicación horizontal, que no otra cosa es el
ciberespacio.
Y otra dificultad, aún mayor, es que esa regulación no
puede ser más que global, lo que resulta imposible por
la disparidad de intereses nacionales y culturas
diversas. No me han satisfecho ni las posiciones de los
reguladores ni las de los
libertarios y sin dejar de reflexionar sobre
la cuestión he orientado mis líneas de investigación por
otros derroteros.
Ante la virulencia de las últimas batallas me arriesgo a
dejar aquí algunas reflexiones, demasiado largas para
una entrada de blog y lamentablemente poco concluyentes.
Anonymus
contra la privacidad
Intolerable que los
ciberguerrilleros de Anonymus atenten contra
el derecho a la vida privada de los que no piensan como
ellos. Castigan -vienen a decir- a los partidarios de
que se revele la identidad de los que sean denunciados
por violar los derechos de autor -Ojo
por ojo, diente por diente.
Pero no olvidemos que en la llamada
Ley Sinde (texto
en la Ley de Economía Sostenible)
es un juez el que tiene que autorizar que se revele la
identidad del usuario que presuntamente haya cometido la
vulneración de los derechos de autor.
No confundir
Anonymus con
indignados.
Anonymus es la encarnación práctica del
espíritu
hacker, aquel que impone su ley porque tiene
unas habilidades técnicas que son la llave de la Red. Y
esa supuesta habilidad les da el derecho a establecer lo
que es admisible o no en la Red.
Son también una manifestación de esas
multitudes inteligentes (Howard Rheingold),
que tan pronto puede ser luchadores por la libertad como
turbas fascistas.
La revuelta contra ACTA, PIPA y SOPA
El Acuerdo de Lucha contra la Falsificación (ACTA,
por su acrónimo en inglés) acaba de ser suscrito por 22
países de la UE, casi con nocturnidad y alevosía, hasta el punto de que el Relator
del Parlamento Europeo, Kader Arif, ha dimitido,
calificando el proceso de de mascarada. En Polonia se
han registrado protestas populares en la calle,
especialmente de jóvenes. El Parlamento tendrá que
ratificar ahora el acuerdo.
ACTA, el grueso de cuyo articulado pretende luchar
contra la falsificación de mercancías, es un buen
ejemplo de las distorsiones que aparecen cuando se
quieren trasponer medidas para proteger la propiedad
intelectual que pueden ser legítimas en el mundo físico,
pero que se convierten en el ciberespacio en
intromisiones ilícitas en los derechos a la vida privada
y en restricciones a la libertad de comunicar.
Y de cómo los intentos para una regulación
internacional, hechos por la única vía posible, la de
los tratados internacionales, se hacen desde la óptica
de las grandes empresas de contenidos.
Tomo las críticas de la organización francesa
La Quadrature du Net. Bajo las provisiones
genéricas del Tratado, los estados miembros podrían
establecer mecanismos extrajudiciales y lograr la
cooperación de los prestadores de acceso a Internet para
revelar los datos personales de los sospechosos de usos
que pudieran atentar contra los derechos de autor.
Ya en vía penal podrían aplicarse sanciones por
complicidad a los proveedores de acceso, pero también a
los que cooperen con la difusión masiva de informaciones
que vulneren los derechos de autor.
Parecidas críticas se realizaron a los proyectos
norteamericanos SOPA y PIPA con una inédita jornada de
apagón de Wikipedia. La reacción, por el momento, ha
parado los proyectos en el Congreso de los Estados
Unidos.
En mi opinión, cualquier intervención que exija revelar
la identidad de usuarios o bloquee los contenidos de una
página web debe hacerse necesariamente previa orden
judicial y de acuerdo con el principio de mínima
intervención y proporcionalidad, de modo que se sopesen
la gravedad de los hechos perseguidos (no es lo mismo
una página de material pedófilo que de enlaces a
películas) y los perjuicios originados para usuarios de
buena fe.
La
razzia
de Megauploads
En paralelo, el FBI ha mostrado lo superfluo de muchos
de estos nuevos procedimientos. Con la ley penal
norteamericana en la mano y los mecanismos de
cooperación policial internacional, han aplicado al
popular agregador de ficheros medidas pensadas para
luchar contra el crimen organizado.
Resultado: Megauploads bloqueada, pánico entre los
agregadores de material audiovisual de origen ilegal,
reactivación del P2P y júbilo entre los portales de
venta de material audiovisual.
Intolerable el bloqueo de todos los ficheros, legales o
ilegales del agregador. Es como si al intervenir un
banco por blanqueo de dinero se confiscaran las cuentas
de todos los clientes.
Y una reflexión adicional. ¿Qué pasa con nuestros datos
en la
nube? ¿Quién los protege? ¿Debemos seguir
teniendo copia física de nuestros datos?
Twitter se someterá a las restricciones de los distintos
países
Twitter anunció que bloqueará aquellos mensajes que
puedan ser ilegales en un determinado país. Cualquier
empresa debe someterse a la legislación del país en que
opere.
Pero los problemas son dos. El primero, es que una
empresa privada no es quién para juzgar sobre la
procedencia o improcedencia de los contenidos. Y
segundo, Twitter se ha convertido en una canal de
información global, vital para la movilización social,
de modo que, de hecho, la postura de Twitter (como antes
la de Google en China) es plegarse a gobiernos
autoritarios para desarrollar su negocio.
La protección de los derechos de autor y la libertad de
comunicar
Mi postura. Todo el que crea un producto intelectual
tiene derecho a su control. Son los derechos morales y
patrimoniales. Como estas batallas son de contenido
económico, se olvida que el autor puede difundir o no y
siempre conserva el derecho a que no se distorsione el
sentido de su obra.
En cuanto a los derechos patrimoniales, lo que ha
entrado en crisis es la explotación económica basada en
el control de la copia de la obra. Lo que son necesarios
son canales de explotación que garanticen un precio
justo al creador para que pueda mantener su
independencia.
Como académico, soy partidario de un sistema que permita
la reproducción no comercial de mis trabajos, sin obras
derivadas y siempre con reconocimiento de la autoría
(Véase las distintas posibilidades de las
licencias de Creative Commons).
Me interesa más la difusión con atribución que cualquier
explotación comercial. Pero eso es porque como profesor
(y antes como periodista profesional) tengo otros medios
de vida.
Es perfectamente legítimo que el creador viva de su
obra. Desde luego, impedir que otros se lucren de
nuestro esfuerzo no es censura. El creador siempre parte
de otras creaciones y por tanto nunca es absolutamente
original. Pero no creo que el carácter de procomún
permita que se expropie al autor el fruto de su trabajo.
¿Por qué no exigir, entonces, un acceso gratuito a
Internet y a los dispositivos técnicos que lo permiten y
solo exigir el disfrute gratuito de las obras de la
cultura? Al final, los que se lucran son una serie de
intermediarios, desde agregadores hasta los propios
proveedores de acceso.
Otra cosa son las medidas de protección. Creo que la
mayoría de las intentadas difícilmente protegen los
derechos de los autores y, sin embargo, pueden redundar
en vulneración de los derechos de autor y en una censura
de contenidos. Solo una autoridad judicial, con las
garantías de un procedimiento penal, puede impedir la
difusión de contenidos. Y desde luego no es algo que
pueda quedar a la cooperación de los proveedores de
acceso. Además, la mayoría de estas medidas, mientras se
limiten a una jurisdicción nacional son, en la práctica
inoperantes.
Externalización de la censura
El caso Twitter demuestra cómo las empresas están
dispuestas a asumir la censura que otrora desarrollaba
el Estado, con tal de hacer crecer su negocio. Como
tantas otras funciones estatales, la censura se
externaliza.
Lo peor es que lo que antes se planteaba como medidas
coercitivas de una autoridad pública, y por tanto
combatibles invocando los derechos humanos, ahora se
convierten en interpretación de unas normas de uso, que
todos aceptamos porque no nos queda otra y que terminan
por remitirnos, en la mayoría de los casos, a la
jurisdicción del estado de California. ¿Algún usuario es
capaz de desentrañar el alcance de las normas
contractuales a las que se ha comprometido en los
términos del Derecho aplicable en California?
En definitiva, la nueva censura externalizada es
infinitamente más insidiosa, pero eso sí tiene como
contrapartida la capacidad de presión global de los
internautas concienciados.
El espejismo de un ciberespacio libre
El ciberespacio no es ese espacio de libertad que nos
pintan los tecno-utopistas. Como en el espacio físico,
distintos autores intentan imponer sus intereses e
ideologías, pero su confrontación no se realiza en los
términos ideales del “libre mercado de ideas”.
Es cierto que en el ciberespacio la pluralidad de voces
es casi infinita, pero esas voces pasan necesariamente
por la mediación de unas empresas, cuyo objetivo es
maximizar sus beneficios, aunque sea a costa de la
explotación de los trabajadores (véase el
caso de Apple en China denunciado por The New York Times) “estableciendo
estructuras fiscales eficientes” para prácticamente no
pagar impuestos fuera de Estados Unidos y explotando
nuestros datos personales como materia prima de su
negocio. Y esas empresas pueden, en función de sus
intereses, establecer determinados peajes.
Otro peligro es terminar con la llamada
neutralidad de la red.
Por un lado, las redes sociales y de modo destacado
Facebook pretenden convertirse en portales universales,
que cierren a sus usuarios en un nicho de interacción
con sus “amigos”.
Por otro, las compañías de telecomunicación quieren
privilegiar la circulación de determinados contenidos,
un propósito en el que pueden coincidir con las grandes
conglomerados multimedia, interesados en reproducir el
viejo modelo de distribución unilateral de contenidos
audiovisuales.
No, el ciberespacio no es plenamente libre, pero
millones de mujeres y hombres en todo el mundo han
asumido que necesitan comunicarse libremente, que,
incluso (una minoría) tiene cosas que decir. Y eso no
tiene marcha atrás.
Rafael
Díaz Arias
31.01.12
Periodismo global
