EL ALARMANTE DETERIORO DE LA POLÍTICA
El anuncio de una huelga de los jueces, que ya se ha
señalado para el 26 de junio, es más alarmante de lo que
mucha gente se imagina. Porque, en realidad, lo que se
anuncia es nada menos que la huelga de uno de los poderes
del Estado de Derecho. ¿Qué pensaríamos si se nos dijera que
tal día el parlamento de la nación entrará en huelga? ¿No
diríamos que estamos locos?
Pero no es esto lo más preocupante. Porque, si los jueces
han llegado a tomar una decisión tan difícil de entender, es
porque algo muy grave les debe haber puesto de acuerdo,
cuando sabemos que entre ellos existen profundas
diferencias.
Por supuesto, los jueces tienen razón en las dos principales
cosas que piden: más medios para la eficaz gestión de los
juzgados y, sobre todo, que se deje de intentar utilizar la
administración de justicia para ponerla al servicio de
intereses políticos. Insisto en que, en la medida en que
estas dos cosas son ciertas, los jueces tienen derecho a
protestar.
Pero a lo que no tienen derecho es a exigir sus
reivindicaciones amenazando con una huelga. Porque una
huelga de uno de los poderes del Estado, antes que la
defensa de los derechos de un colectivo, es una agresión
directa al Estado mismo. Y para hacer eso, nadie tiene
derecho.
Pero nada de lo dicho es lo más alarmante. Lo que más
preocupa es el deterioro de la política que el anuncio de
huelga de los jueces pone de manifiesto. Al hablar del
deterioro de la política, no me refiero a que los políticos
sean cada día más inútiles o más perversos. El deterioro
político de España no se debe principalmente, creo yo, a la
perversión o incompetencia de los políticos, sino a que
nuestro sistema político no da más de sí.
Estamos de acuerdo en que un sistema democrático es mejor
que una dictadura. Pero ocurre que el sistema democrático se
ve sometido en España a una tremenda tensión. Me refiero a
la tensión entre los dos grandes partidos mayoritarios, el
PP y el PSOE. Porque desde el momento en que los políticos
de cada uno de esos partidos tienen que dar cuenta de sus
decisiones, no a los ciudadanos directamente, sino al
partido que los ha puesto en las listas electorales y al que
se ven sometidos por la disciplina del partido, desde ese
momento se producen dos consecuencias a cual peor:
1) La crispación en una sociedad, que ya viene fuertemente
crispada de tiempo atrás, desde los aterradores tiempos de
las “dos españas”.
2) Los políticos se ven en la constante tentación de tomar
sus decisiones, no en función de lo que interesa a los
ciudadanos, sino en función de lo que interesa al partido. Y
entonces puede ocurrir (y ocurre) que, por ejemplo, la mejor
noticia que hoy le pueden dar a un “buen” político del PP es
que la crisis económica le cause más problemas al PSOE, lo
que en definitiva es empeorar las cosas a millones de
ciudadanos. Como igualmente es cierto que la mejor noticia
que hoy le pueden dar a un “buen” político del PSOE es que
se destape un escándalo administrativo o económico en una
autonomía o un ayuntamiento gestionado por los populares.
Como es lógico, la consecuencia que se sigue de este estado
de cosas es que la política se gestiona, muchas veces, más
en función de los intereses partidistas que en función de
las necesidades de la gente. Eso ocurre en la política
nacional, en la autonómica, en la municipal y hasta en las
rencillas que se organizan en barrios, tertulias y familias.
La tensión a gran escala está servida. Y todos somos
víctimas de ella. Hasta provocar la nausea de los que mandan
todo esto a tomar viento, se cansan de política y prefieren
vivir en el “pasotismo” ante responsabilidades públicas a
las que nadie éticamente puede renunciar.
Lo peor que ocurre en estas situaciones es que el deterioro
invade todo el tejido social y afecta, no sólo a las
personas, sino además a las instituciones.
El caso de los jueces es patente. Pero no sólo los jueces.
Al deterioro de la administración de justicia, se suman,
entre otros, el deterioro también de la enseñanza
pública y el de la religión. Tanto el uno como el
otro son tan clamorosos como patentes. Y en ambos casos, la
responsabilidad no es sólo de ahora. La cosa viene de lejos.
En cuanto a la enseñanza, resulta ya difícil recordar
cuántas veces se han modificado los planes de estudio de
principio a fin. Y como es lógico, quien más responsabilidad
tiene en esto es quien más años ha gobernado, que ha sido el
PSOE. El hecho es que en la Universidad se quejan cada año
más de que los alumnos que les llegan de las enseñanzas
medias vienen peor preparados.
Y las universidades españolas se ven ahora mismo en una
especie de callejón sin salida. Porque tienen que afrontar
unos planes de estudio enormemente más caros sin la dotación
económica necesaria para ponerlos en práctica. Con el
peligro de que los saberes y la ciencia se elaboren más en
función de los intereses de las grandes empresas, que
pensando en lo que la sociedad necesita en su totalidad.
Y en cuanto a la religión, confieso que, a mí por lo menos,
me da pena, mucha pena. Mi religión, la católica, que es la
que mejor conozco, no para de protestar y quejarse, de
vociferar y echarse a la calle. ¿Para qué? Los obispos dicen
que ellos tienen por misión anunciar a Jesucristo. Pero la
verdad es que la impresión que producen muchos de ellos es
que les preocupan más determinados asuntos, relacionados con
el poder político y económico, que con el Evangelio que
anunció Jesús.
El resultado es que la Iglesia ya no está ni en la derecha,
sino a la derecha de la derecha, o sea tan al margen que da
la impresión de que no está en ninguna parte. O mejor,
muchos pensamos que donde está es estorbando, impidiendo que
este país funcione mejor.
José M. Castillo
