El miércoles día 20 de octubre se produjeron dos noticias: El cambio ministerial del Gobierno del Sr. Rodríguez y la publicación del dato de que más el 20 % de los españoles están por debajo del hogar de la pobreza.

Han pasado cinco días desde entonces y no puedo por menos que mostrar mi sorpresa e indignación: resulta que más de ocho millones de españoles, personas con nombre y apellido, con sentimientos, emociones, necesidades vitales, etc., tienen dificultades para sobrevivir y tan espantosa noticia no ha merecido hasta ahora reacción alguna (al menos mediática) por parte de nadie.

Ni del Gobierno de la Nación de esos ocho millones, ni del Congreso de los Diputados (con todos los portavoces de los partidos), ni del partido de la oposición, ni de los que se dicen de izquierdas, ni de los gobiernos autonómicos, ni de los Sindicatos mayoritarios, ni de las Asociaciones empresariales, ni de la Conferencia Episcopal, ni de los Obispos, ni de los Ayuntamientos (corresponsables del bienestar de los ciudadanos).

Sí tenemos amplias noticias, comentarios, valoraciones, sobre la crisis de Gobierno, siempre en clave "politica" (en el sentido más innoble de la palabra, que es el utilizado habitualmente en estos tiempos).

Se debaten estupideces como las encuestas sobre los resultados de las elecciones a celebrar (cuestión que importan a los interesados, en cuanto se juegan sus poltronas, capacidad de colocar a los amiguetes, aprovecharse de situaciones privilegiadas, etc.).

Se miden los tiempos para que tal obra se inaugure de forma que se le pueda sacar rendimiento político.

Pero, ¿qué hacemos con esos ocho millones de pobres? Es necesario que todos nos pongamos en pie de guerra contra esa insultante pobreza.

Yo no sé cómo hacerlo, pero sí sé que es obligación estricta del Gobierno, de la oposición, de todos los que he nombrado, ponerse a trabajar de inmediato, y de forma conjunta, considerando esta cuestión como una emergencia nacional de prioridad absoluta, porque está en juego la honorabilidad de todos, porque estamos incurriendo en un grave delito de denegación de auxilio, porque por muy dura que tengamos la cara, esta tremenda pobreza clama al cielo.

No es posible que con ocho millones de españoles hambrientos, un solo político pueda excusar un despilfarro con la frase de que "es el chocolate del loro".

No es admisible que con ocho millones de españoles hambrientos no se hayan puesto en marcha de inmediato mecanismos para paliarlo y que el nuevo Gobierno no haya sido constituido pensando en esa emergencia nacional. No es admisible que la oposición se dedique a su juego de desgaste del contrario, aunque ello incluya el mayor empobrecimiento de la nación.

Y, sobre todo, no es admisible que los medios de comunicación no insistan, machaquen, exijan, controlen, informen, pongan en marcha sus muchas habilidades y capacidades para forzar a todos a implicarnos en esta necesidad gravísima.

Y aquí no valen partidismos: el mensaje tiene que ser exactamente igual en "Público" que en "La Gaceta", en "El Pais" que en "ABC", en "La Vanguardia" o en "Heraldo de Aragón": ocho millones de españoles hambrientos es una noticia insoportable y ha de arreglarse de inmediato.

Y este deber gravísimo es de todos: de los políticos porque es su obligación buscar el bien común, y el bien común comienza por atender las necesidades mínimas.

Es de los ciudadanos porque es nuestro deber aceptar sacrificios para lograr esa mínima solidaridad.

Es de los obispos de mi Iglesia porque esos ocho millones son Cristo, tan Cristo como el de la Eucaristía, mucho más templos de Dios que los de la Sagrada Familia, La Almudena o El Pilar.

No pueden los políticos españoles, los sindicatos españoles, los empresarios españoles, los obispos españoles, los medios de comunicación y, en una medida mucho más limitada los ciudadanos españoles ser tan deleznables, tan infames que ante esta situación callemos y no hagamos nada.

Yo no puedo callar.

Joaquín Solá Martínez

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